El Dilema de las Zonas Extremas de Chile

En Chile, es un hecho conocido y aceptado que en Magallanes el Estado subsidia el gas. La razón es simple y poderosa: el frío extremo convierte la calefacción en un insumo vital para la subsistencia. Si como país aceptamos este principio de proteger a las familias de los costos que impone un clima adverso en una frontera, surge una pregunta ineludible: ¿por qué no se aplica una lógica similar en la otra frontera, en la nortina Arica y Parinacota, donde el desierto y la escasez de agua imponen sus propios costos, únicos y determinantes para la vida diaria?

Aquí exploraremos las ideas clave detrás de una propuesta de «insumos protegidos» para el norte, un llamado a la simetría y la cohesión territorial.

No es un privilegio, es simetría: La lógica de proteger al norte del desierto

El argumento central es un llamado a la coherencia. Las necesidades de cada extremo del país son diferentes, pero la vulnerabilidad es comparable. Mientras que Magallanes necesita protección contra el frío y requiere asegurar la calefacción, Arica y Parinacota necesitan protección contra los efectos del clima desértico, como la energía eléctrica para la refrigeración constante de alimentos y medicamentos o el acceso seguro al agua. La lógica estatal debe ser la misma: donde las condiciones geográficas y climáticas imponen costos que el mercado no puede resolver a un precio razonable, el Estado debe actuar para garantizar un piso de bienestar.

Si al sur protegemos el calor, al norte debemos proteger la energía eléctrica, el gas y el internet que sostienen la vida diaria. Arica y Parinacota no piden privilegios: piden simetría de trato bajo la misma lógica de zonas extremas y que Chile ya ha consagrado.

La «arquitectura» ya existe: No es empezar de cero

Contrario a lo que podría pensarse, la base institucional para implementar un régimen de insumos protegidos ya está sólidamente establecida. El Estado chileno ha reconocido formalmente la condición especial de la región a través de múltiples instrumentos:

• La «Ley Arica» (Ley 19.420), que establece un estatuto de desarrollo económico especial.
• El reconocimiento formal como zona extrema desde 2014 (Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, PEDZE).
• La formalización de la Política Nacional de Zonas Extremas en 2023, que consolida este enfoque.

En resumen, «La arquitectura institucional, por tanto, ya está. Falta el capítulo hogar». Se trata de extender un reconocimiento ya existente al nivel más fundamental: el de las familias y sus necesidades básicas.

No es «todo gratis», es un bloque vital focalizado

Es crucial aclarar que el modelo de «insumos protegidos» no es una tarifa plana ni un regalo. El concepto clave es el «bloque vital»: la protección se aplicaría únicamente al primer tramo de consumo esencial en servicios como la electricidad o el agua. Todo consumo que exceda este bloque vital se cobraría a la tarifa normal. Este diseño cumple un doble propósito: garantiza un mínimo para la subsistencia y, al mismo tiempo, incentiva el uso responsable y la eficiencia energética.

Además, el beneficio sería altamente focalizado, utilizando herramientas como el Registro Social de Hogares para asegurar que la ayuda llegue a los hogares más vulnerables. Lejos de inventar nuevos mecanismos desde cero, el esquema se articula con la Ley Arica (19.420), la Política de Zonas Extremas (2023) y los subsidios ya existentes (como el de Agua Potable y el eléctrico), evitando duplicidades y maximizando la cobertura con las herramientas que el Estado ya posee.

Los insumos protegidos para el Siglo XXI: Más allá de la luz y el agua

La propuesta identifica una canasta de insumos esenciales adaptada a las necesidades modernas y las particularidades de la región:

• Electricidad: La propuesta consiste en convertir el actual subsidio eléctrico nacional —de carácter transitorio para 2024-2025— en un régimen permanente para zonas extremas. En Arica, esto es crucial no solo para la iluminación, sino para la refrigeración de alimentos y medicamentos en un clima árido, una necesidad básica de salud y seguridad.
• Gas para cocinar (GLP): Para abordar los problemas de precios y competencia en el gas envasado, documentados formalmente por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), se propone un bono o vale mensual canjeable por cilindros. Este mecanismo, que permitiría interoperabilidad entre marcas, entregaría certeza sobre un gasto fundamental en los hogares.
• Conectividad Básica: La propia Política de Zonas Extremas introduce una perspectiva de derechos y acceso a servicios. Por ello, se justifica incluir un plan social de conectividad para garantizar el acceso a la educación, la salud a distancia y los servicios del Estado, especialmente en las zonas más aisladas de los valles y la precordillera.
• Agua en el mundo rural y el altiplano: La propuesta va más allá de la tarifa urbana. Contempla blindar el costo del agua en los sistemas rurales (APR) y terminar con la dependencia crónica de camiones aljibe. Esto se lograría vinculando los proyectos de infraestructura que ya impulsan la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y la autoridad ambiental con un subsidio que garantice una operación a precios asequibles para las comunidades.

Una Política de Cohesión Territorial

Crear un régimen de «insumos protegidos» para Arica y Parinacota no es un acto de asistencialismo, sino una política de justicia, coherencia y cohesión territorial. Se trata de reconocer que vivir en las fronteras de Chile implica sobrecostos reales y de aplicar una política de Estado consistente para reducirlos. Es la materialización de un principio de equidad que fortalece la soberanía desde el bienestar de sus habitantes.

Si Chile ya ha definido en el papel lo que significa ser una «zona extrema», ¿cuánto más esperaremos para que esa definición se traduzca en una protección real y equitativa para las familias que viven en su frontera norte?

Por Jorge Díaz Ibarra, candidato a diputado C-56