La libertad de expresión es un pilar de la democracia, pero no una licencia para imputar delitos sin sustento, señaló Jorge Díaz quien interpuso una querella criminal contra Sandra Flores Contreras, luego de la difusión de un video con acusaciones que considera falsas. El video viral publicado el 22 de octubre de 2025 en las cuentas abiertas de Facebook e Instagram de la querellada— le atribuye delitos vinculados a traspasos irregulares de fondos a la Fundación Valcar. Antes de ser retirada, la publicación alcanzó amplia circulación; de ello dio cuenta El Mostrador, en su edición “Aquí Arica”, el 28 de octubre.
Hoy, el avance judicial es concreto: el Juzgado de Garantía de Arica declaró admisible la querella el 3 de noviembre de 2025. La resolución se funda en la eventual comisión de calumnia (artículo 412 del Código Penal) con la agravante de haberse propagado por escrito y con publicidad (artículo 413 N° 2), y de injuria grave (artículos 416 y 417 N° 3, 4 y 5) con la misma agravante prevista en el artículo 418. La causa quedó identificada con RUC 2510054363-2 y RIT 7866-2025.
El tribunal citó a audiencia del artículo 400 del Código Procesal Penal para el 17 de diciembre de 2025, a las 08:30 horas, disponiendo que las partes concurran con todos sus medios de prueba. Asimismo, ordenó la notificación personal de la querellada por receptor judicial, con apercibimiento de conducción por la fuerza pública, eventuales sanciones y costas en caso de incomparecencia injustificada, conforme al artículo 33 del Código Procesal Penal. La resolución fue pronunciada por la jueza Carmen Macarena Calas Guerra, del Juzgado de Garantía de Arica.
Díaz subraya un dato esencial: no ha sido imputado ni formalizado, ni ahora ni antes, en ninguna investigación judicial. Por eso, frente a un señalamiento de tal gravedad y carente de sustento, optó por la vía institucional para resguardar su honra y proteger un debate público que, afirma, debe sostenerse en hechos y no en rumores.
“El derecho a opinar no ampara la atribución de delitos sin sustento; por eso acudimos a la justicia penal con respaldo documental”, señaló Sergio Andrés Palma, abogado patrocinante de Jorge Díaz. El propio Díaz fue enfático: “Defenderé mi honra por las vías institucionales y lo haré cuantas veces sea necesario. La difusión de hechos falsos no es debate democrático; es una afectación injustificada a las personas y a las instituciones. No toleraré que, en campaña, la contienda se haga personal y cruce los límites que la democracia, la libre expresión y las leyes nos rigen, lesionando la dignidad, el honor e incluso imputando falsa y maliciosamente un delito”.
“Se trata de exigir verdad y rigor: la crítica construye democracia; la mentira, no», agregó finalmente.