Por Jorge Díaz Ibarra, candidato a diputado

En Chile, miles de perros y gatos sufren abandono, maltrato o quedan a la deriva tras accidentes. La Ley Cholito avanzó en tenencia responsable, pero la realidad en nuestras calles muestra que seguimos lejos de garantizar un trato digno a quienes ya son parte de nuestras familias.

El abandono no es solo un dilema ético, sino también un problema de salud pública. Animales sin control veterinario pueden transmitir enfermedades y afectar la convivencia urbana. Al mismo tiempo, perder una mascota es, para millones de chilenos, perder un ser querido. Porque los animales no son objetos: son seres sintientes que entregan compañía, apoyo emocional e incluso cumplen funciones terapéuticas y de seguridad.

Por eso mi compromiso legislativo es impulsar la creación del Refugio Nacional Animal, un sistema público con centros regionales de atención veterinaria, programas de esterilización, rescate de animales accidentados y campañas permanentes de adopción responsable. La idea es simple y concreta: que ningún animal víctima de maltrato o abandono quede sin cuidado ni esperanza.

Este servicio tendrá tres pilares:

Protección y salud: rescate, atención veterinaria de urgencia, vacunación y esterilización.

Adopción responsable: plataformas nacionales y ferias comunitarias para dar un hogar seguro.

Educación y justicia: campañas en escuelas y barrios, y un nuevo modelo de sanción efectiva contra el maltrato animal.

En este punto, propongo un cambio de fondo: que quienes sean condenados por maltrato puedan conmutar parte de su pena en trabajos comunitarios dentro de los refugios, cuidando, alimentando y limpiando a los mismos animales que alguna vez despreciaron. No se trata de indulgencia, sino de reparación social y educativa: que el castigo se convierta en una oportunidad de aprendizaje y transformación.

No partimos de cero. ONGs y voluntarios hacen hoy un trabajo admirable con recursos mínimos. Pero falta que el Estado asuma un rol protagónico y garantice estándares en todo el país.

En otras naciones, refugios estatales han reducido costos en salud pública, disminuido la sobrepoblación animal y fortalecido la confianza ciudadana. Chile también puede hacerlo: un refugio estatal no es un lujo, es una necesidad social, sanitaria y moral.

Como futuro diputado, mi compromiso es legislar para que la protección animal sea política pública. Porque cuando cuidamos a quienes no tienen voz, fortalecemos los valores que hacen grande a un país: solidaridad, justicia y dignidad compartida.